El estado actual del Servicio Social Obligatorio


Con el objetivo de lograr la cobertura universal en salud, y de esta forma garantizar el derecho a la salud, el Servicio Social Obligatorio (SSO) se ha convertido en uno de los temas más álgidos de la política estatal.



Con el objetivo de lograr la cobertura universal en salud, y de esta forma garantizar el derecho a la salud, el Servicio Social Obligatorio (SSO) se ha convertido en uno de los temas más álgidos de la política estatal. La distribución de los médicos rurales a lo largo y ancho de la geografía colombiana es un acto de soberanía del Estado que procura proveer de seguridad social a toda la población. Al mismo tiempo es una forma de que los médicos que están a punto de graduarse apliquen los conocimientos adquiridos durante sus estudios, en una zona marginal o rural para además fortalecer su calidad humana. Por tal motivo, proponer una reforma o cambio al SSO requiere de un análisis a fondo, no sin antes hacer una radiografía del estado actual en materia de cifras.

Actualmente en el país existen 4.663 plazas de medicina para el SSO que se distribuyen en: 71,5% (3.336) en instituciones públicas, 22,5% (1.050) de carácter privado y 5,9% (227) en Fuerzas Militares, incluidas la Policía. La remuneración promedio es $ 2'800.000 pesos con valores de Percentil-95 de $ 5'100.000 y Percentil-25 $ 1'200.000 y el 100% de las plazas actualmente tiene contratación reglamentaria o por nombramiento que cobija todos los derechos laborales.

El proceso de adjudicación de plazas para las instituciones publicas y privadas se hace a través de cuatro sorteos anuales definidos por el ministerio de Salud. En donde los profesionales seleccionan las plazas acordes a su afinidad (locación y remuneración), a su vez que se reconoce la prioridad para la población víctima del conflicto, madres cabeza de familia, comunidades indígenas y con discapacidad. En este momento existe una sobreoferta de profesionales para el número de plazas habilitadas, lo que ha llevado a exonerar a quienes no tienen una plaza adjudicada. En las fuerzas militares existe un proceso interno que incluye en algunos casos examen, entrevista y cartas de recomendación.

La Oficina de Talento Humano en Salud del ministerio de Salud en conjunto con la Asociación Colombiana Médica Estudiantil (Acome), la Asociación Nacional de Internos y Residentes (ANIR) y el Colegio Médico Colombiano (CMC) decidieron implementar algunos incentivos como bonos económicos, viáticos, auxilio de vivienda y de alimentación para motivar a los profesionales a realizar el SSO. Por ahora estos alicientes se ofrecen para menos del 15% de las plazas y buscan promover la selección de las mismas por parte de los profesionales para el sorteo. No hay que olvidar que para un médico recién graduado el SSO es muy importante; puesto que se convierte en la primera experiencia de la atención en salud, de contacto directo con el paciente y es la puerta de entrada al mercado laboral.

Por mandato constitucional y dado su carácter de política pública, el servicio social es un requisito para el ejercicio de la medicina. Todo médico que termine los períodos académicos tiene la obligación legal de prestar el SSO, como requisito indispensable y previo para obtener la refrendación del correspondiente título y obtener su tarjeta profesional para poder ejercer en el país. Sin embargo, existen diferentes causas para justificar la exoneración del servicio; la principal y más frecuente es la no adjudicación de plaza en el sorteo, pero también surgen otras razones (362) como: casos fortuitos y/o de fuerza mayor 33% (120), amenazas contra el profesional 11% (41), enfermedad 11% (40), incumplimiento en la vinculación o por parte de la ESE en materia laboral 8% (37), y cierre de plaza 6% (21).

Aunque un buen número de la población más vulnerable depende de los médicos rurales, hoy en día adelantar el SSO se ha convertido en un problema. La práctica del SSO ha variado de acuerdo con las condiciones particulares del país y en este momento presenta diversas dificultades para su adecuado desarrollo. Uno de los mayores inconvenientes obedece a problemas estructurales en materia de rectoría y organización del sistema de salud, a conflictos laborales del ejercicio y de forma social sobre la cultura, seguridad y aspiraciones profesionales. Dentro de las principales quejas sometidas a los comités de servicio social a nivel territorial (departamental o distrital) se encuentran: el incumplimiento en la vinculación, el retraso en el pago de salarios, la sobrecarga laboral y el no reconocimiento de horas extras, de compensatorios, la limitación de insumos, el pago de disponibilidades, el acoso laboral y la agresión por parte de algunos gerentes.

Dadas las contrariedades para contar con un sistema de planeación que pudiera ordenar, orientar y supervisar el programa de SSO, el 11 de noviembre de 2017, el ministerio de Salud y el Colegio Médico Colombiano establecieron la mesa de trabajo de SSO para hacer una revisión de las plazas, analizar la participación del observatorio de salud, estudiar las propuestas de reforma y mejora, exponer los casos a estudio y presentar la propuesta para crear el documento para las causales de exoneración.

Solo con el estudio de las falencias se pueden llegar a implementar los cambios, basados en el contexto actual del país, con el objetivo de promover un plan de desarrollo para mejorar el programa del SSO con la participación de los profesionales. Después de seis reuniones, la mesa de trabajo ha presentado algunas propuestas para definir unas reglas claras en la política de SSO, hacer una clasificación de los diferentes casos en los comités, mejorar las condiciones laborales y realizar cursos de capacitación para quien vaya a prestar el SSO, así como en educación continuada.



Samuel Barbosa, MD., MSP

Coordinador Mesa de Servicio Social Obligatorio CMC - MinSalud



Los ginecólogos no somos los victimarios: Fecolsog


Las asociaciones médicas, en especial la que agrupa a los ginecólogos del país, rechazan la ley de violencia obstétrica. Consideran que atenta contra la autonomía médica y que perjudica el ejercicio profesional por el temor a la lluvia de demandas que pueden afrontar por conceptos abiertos y ambiguos.



Dra. Ivonne Díaz - Ex Presidente de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología (FECOLSOG)


En los últimos años ha aparecido un nuevo término legal para proteger a las mujeres durante el parto y posparto. La violencia obstétrica se refiere a actos en el contexto del alumbramiento que se pueden considerar como violencia física o psicológica, debido al trato deshumanizado, a las injustificadas e innecesarias intervenciones médicas y al abuso de tratar como enfermedad los procesos naturales de la gestación.

A finales de abril, la Comisión Séptima del Senado aprobó en primer debate el proyecto de ley 147 de 2017 cuyo propósito es sancionar y prevenir la violencia obstétrica. El documento busca sancionar y multar la omisión de una atención oportuna y eficaz en urgencias obstétricas, el trato deshumanizado en las relaciones asistenciales, las prácticas o procedimientos médicos que no cuenten con el consentimiento informado de la mujer; en especial, aquellas que impliquen limitación o restricción de los derechos sexuales y reproductivos, la intromisión no consentida en la privacidad o por revisión invasiva de los órganos genitales, la alteración del proceso natural de parto de bajo riesgo, el abuso de la medicación, el uso de técnicas de aceleración sin que sean médicamente necesarias, el procedimiento vía cesárea cuando existan condiciones para el parto natural (salvo que medie solicitud libre e informada de la mujer), y la dilatación de la práctica de interrupción del embarazo en los casos legalmente admisibles.

El proyecto de ley fue rechazado por la Asociación Colombiana de Sociedades Científica (ACSC), porque considera que atenta contra la autonomía médica, afecta la relación médico-paciente e interfiere en las decisiones que son exclusivamente del médico y que están amparadas por la Ley Estatuaria de la Salud, como la indicación de analgésicos en el trabajo de parto.

El Colegio Médico Colombiano (CMC), por su parte, como gremio que representa a los profesionales de la medicina, aseguró que está comprometido con la defensa de los derechos de las mujeres y, en especial, con su derecho a decidir de manera libre e informada acerca del proceso y las intervenciones durante el embarazo, parto y posparto, pero que rechaza vehementemente el proyecto de ley presentado por la senadora conservadora Nadya Blel Scaff, debido a que desconoce la autodeterminación que le es reconocida a los médicos conforme a las competencias adquiridas durante la formación académica en pregrado y posgrado, los valores basados en la ética profesional, las decisiones apoyadas en la mejor evidencia científica disponible y el juramento de privilegiar el bienestar del paciente, sin injerencias o presiones externas. El Doctor Roberto Baquero, Presidente del CMC, dijo que son los médicos los más interesados en que el parto finalice con el nacimiento de un recién nacido sano, con la menor morbimortalidad materno-fetal, y que hacen lo indicado en cada caso particular, lo que ha llevado a que los controles prenatales, el parto y el seguimiento posparto sean prácticas seguras, habituales y rutinarias, incluso en partos de gestantes con complicaciones.

Para la Doctora Ivonne Díaz, Ex Presidente de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología (FECOLSOG), dicha ley considera al ginecólogo un victimario y un agente generador de violencia en las salas de parto. Agrega que desconoce que es el profesional que está tratando de colaborar con la paciente y la mujer colombiana en el momento más importante, que es el nacimiento de su hijo. "Como si fuera poco, el documento dice que la violencia obstétrica no solo implica violencia física, sino también violencia psíquica, y se tipificaría como delito toda acción u omisión por parte del personal médico y de salud que dañe, lastime y denigre a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, lo que hace que todo sea visto como sujeto de demanda. Ese proyecto es tan amplio, ambiguo y subjetivo que tanto el ginecólogo, el anestesiólogo, la enfermera de turno o cualquier otro profesional de la salud puede ser demandado por causas injustas. Además, es una ley innecesaria y extemporánea, ya que la Ley Estatutaria de la Salud garantiza la mejor atención a los pacientes, independientemente de que sea una gestante, un adulto mayor o un recién nacido."

Por lo anterior, varios gremios médicos en cabeza de Fecolsog y hasta el mismo Ministerio de Salud han pedido a los congresistas que frenen el trámite de esta ley, que se tengan en cuenta los criterios de las sociedades científicas, de los especialistas y que se estudie en detalle las políticas públicas que existen en el país para no legislar sobre lo que ya está establecido.


Ruta materno-perinatal


Hace unas décadas el embarazo y el parto eran eventos que se asociaban a la mortalidad materna, principalmente a causa de infecciones y hemorragias. Eso llevó, explica la Doctora Díaz, a que la atención del parto se convirtiera en uno de los ejes centrales de las políticas públicas en favor de la mujer y su núcleo familiar. "Con el diseño de la ruta materno-perinatal por parte del ministerio de Salud y Protección Social más el acompañamiento de Fecolsog, se implementaron las medidas necesarias para lograr un parto más humano y respetuoso, así como las condiciones de salud más favorables para la paciente, no solamente en lo concerniente a instituciones óptimamente dotadas para la atención de la paciente embarazada y para recibir al hijo, sino también se estableció la logística que se requiere de acompañamiento durante el trabajo de parto; es decir, la asistencia suficiente de recurso humano, no solamente el ginecólogo, para proteger el alumbramiento". En ese sentido, la expresidenta puntualiza que el proyecto de la Senadora no tiene cabida en un sistema de salud que ha fortalecido la atención a la mujer durante el embarazo, el parto y posparto. "En este momento existen unas mesas de trabajo en el minSalud donde Fecolsog está participando activamente para implementar las acciones contempladas en las leyes que ya existen con el fin de mejorar la experiencia de la maternidad en todas las instituciones, gracias a que el país ha transitado hacia un modelo personalizado, mucho más amable y humano".

Por ahora se requiere ajustar las tarifas que se le pagan tanto al ginecólogo como a la institución por un trabajo de parto y por una cesárea. "No se puede remunerar de la misma forma, por evento, un trabajo de parto que tarda 15 horas y una cesárea que dura solo una hora. Hay que reconocer con incentivos económicos tanto la cama que la materna ocupa por más de un día a la institución como el tiempo del personal médico que asiste el trabajo de parto".

Antes de concluir, la Doctora Díaz hace énfasis en que son los ginecólogos los primeros en llamar a proteger el trabajo de parto y a la mujer en todas las etapas de la vida. "Tenemos la convicción de continuar fortaleciendo aquellos aspectos que permitan contribuir a la generación de soluciones en la atención en salud y un mayor bienestar para toda la población, pero no se puede desconocer que los espacios y las garantías que ha generado la Ley Estatutaria han permitido y facilitado el empoderamiento de las mujeres gestantes y de sus parejas para que el momento del parto ocurra en ambientes seguros, de respeto y, por supuesto, con la mayor calidad médica."